Inician las campañas, pero las negativas

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Con la transmisión del último anuncio televisivo (spot) del PAN en el que se presenta a Enrique Peña Nieto (EPN) como “un mentiroso” se inaugura oficialmente la campaña negativa en las elecciones presidenciales de 2012. A pesar de haber sido promovido por los candidatos a diputados y senadores, el spot es, en sí mismo, el resultado de la nueva estrategia realizada por Josefina Vázquez Mota (JVM) luego de cambios en su equipo de campaña. Salido al aire el 10 de abril, en el spot se escucha una voz en off mencionando dos compromisos que EPN no cumplió como gobernador del Estado de México. El primero fue el “compromiso número 67, construcción de la vialidad Barranca del Negro en Huixquilucan”, y el segundo fue el “compromiso número 57, creación de un parque ecoturístico en la laguna de Zumpango”. En ambos casos se contrasta el discurso de EPN con fotografías “reales” de los “compromisos supuestamente cumplidos”, en donde se aprecia una obra inconclusa, neumáticos alrededor de un muelle y en la orilla de lo que parece ser agua contaminada. El anuncio concluye con la frase “Peña Nieto es un mentiroso, No cumple”, que se escucha y se puede leer en la parte inferior de la pantalla.

Tal como en 2006, la historia parece repetirse pero yuxtaponiendo personajes y partidos políticos del contexto actual. En 2006 el enemigo a vencer, es decir, el rival más fuerte, era Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En 2012 el rival más fuerte es EPN ubicado, según las encuestas, cómodamente por encima de los demás candidatos -cabría recordar que los porcentajes son similares a los que daban a AMLO al inicio de la campaña de 2006, y que al final perdió por un ligero margen-. En 2006 la campaña negativa la inició el PRI. Ahora es el PRI el atacado. En 2006 se dijo de AMLO que era un “peligro para México”. Ahora EPN es un “mentiroso”, un político en quien no se debe confiar. En 2006 se nos repitió hasta el cansancio y hartazgo que AMLO encarnaba la intolerancia y el autoritarismo de Hugo Chávez, que había vaciado las arcas y aumentado la deuda y el desempleo del Distrito Federal, que era capaz de llevar a México a la ruina económica, y que era irrespetuoso con las normas e investiduras. Ahora EPN es atacado por haber sido incapaz de cumplir con los compromisos de obra e infraestructura pública.

Las campañas electorales recién comenzaron y los candidatos están realizando ajustes y rearmando su estrategia conforme su posición en las encuestas. Saben, al igual que en 2006, que si no reciben suficiente apoyo para subir en las preferencias ciudadanas, siempre contarán con un último recurso: la crítica al adversario. Y la crítica como tal no está prohibida por la norma electoral ni es mala en regímenes democráticos, sobre todo cuando se trata de dar a conocer los manejos corruptos, las administraciones ineficaces, los apoyos económicos de procedencia ilícita y hasta el pasado delictivo de los candidatos rivales. Porque todo ello forma parte de su historial como personajes públicos. Lo lamentable es que se desacredite con calumnias e injurias y no que se pretenda exhibir con evidencia probatoria.

Aun faltan más de dos meses para llegar al 1 de julio y no sabemos qué nos tienen preparados los partidos políticos y sus candidatos. Y en este sentido la experiencia del 2006 parece traer consigo un primer cambio positivo. La campaña negativa en contra de AMLO en 2006 estuvo plagada de mentiras y difamaciones que buscaban insertar el miedo en la población, preveían desastres económicos y suponían que nuestra libertad individual se vería seriamente afectada. Contrario a esto, el spot de los candidatos del PAN es veraz puesto que EPN, en efecto, no solo no cumplió con los compromisos adquiridos sino que dejó un estado repleto de obras inconclusas, muchas de las cuales fueron inauguradas y ahora tienen tramos inservibles.

El punto de inflexión no está en la negatividad de los anuncios, como bien queda claro al darnos cuenta que AMLO no es un peligro para México y que EPN miente, sino en el engaño. Esto lo que debe cambiar en 2012 de cara a las elecciones presidenciales. Hacer la diferencia está en manos de los consejeros del IFE y de los propios mexicanos. Los primeros tienen el poder legal para impedir que se caiga en una campaña de desprestigio construida a base de mentiras; a los segundos nos corresponde hacer valer y respetar nuestra calidad de ciudadanos y no prestarnos a los engaños que los partidos políticos nos transmiten a través de sus mensajes.

El divorcio del PRI con el Panal: ¿fin del corporativismo o regreso a sus orígenes?

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El pasado viernes 20 de enero presenciamos la ruptura de la coalición que habían acordado el PRI y Nueva Alianza (Panal) con miras a las elecciones federales de 2012. ¿Cómo entender la ruptura luego de que Enrique Peña Nieto la había aprobado y dijera que sería más fácil hacer la reforma educativa teniendo a Elba Esther Gordillo como aliada?, ¿cuáles son los posibles escenarios que se presentan para cada partido político? y, más trascendente aún, ¿esta ruptura representa el fin del corporativismo?

La respuesta a la primera pregunta está detrás de la nueva dirigencia nacional del PRI y en el malestar que causó dicha alianza en algunos sectores internos. La renuncia de Humberto Moreira a la dirigencia del PRI, motivada porque salieron a la luz pública sus fraudulentos manejos administrativos como gobernador de Coahuila, significó un duro golpe para el círculo cercano a Peña Nieto y fortaleció a la parte más conservadora del partido, dentro de la cual se encuentran los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida. Y la principal razón para que estos últimos no estuvieran de acuerdo con Moreira y Peña Nieto, fue la concesión al Panal para que pudiera postular 24 candidaturas a la Cámara de Diputados y cuatro a la de Senadores –posiciones que de ganarse, perdería el PRI en escaños-. El segundo gran malestar deriva del primero, pues finalmente se realizó una evaluación crítica, de tipo coste-beneficio, y se llegó a la conclusión de que sale más caro ceder esos espacios a Gordillo de la ganancia que pudiera redituar.

En cuanto a los posibles escenarios para cada partido, cabe decir que para el Panal significa una gran derrota: el primer desafío al que se enfrenta ahora será postular a un candidato presidencial medianamente conocido para ahorrarse tiempo y dinero en propaganda publicitaria. El segundo es proponer candidatos –que en principio no tenía contemplados- en 112 distritos uninominales para el Congreso y 15 fórmulas para el Senado. Pero el mayor problema para el Panal al presentarse solo en la contienda electoral, es vencer la némesis del umbral necesario para mantener su registro, de lo contrario las siguientes legislaturas en ambas cámaras serán su sepelio.

En lo que respecta al PRI, se viene manejando desde diversos sectores que fue una decisión acertada. Tras las elecciones de 2006 se ha venido estudiando qué tan significativo fue el apoyo que otorgó Gordillo a Felipe Calderón, y los resultados no son nada alentadores: se sabe que el Panal obtuvo un voto dividido, esto es, 500,000 votos para su candidato presidencial, Ernesto Campa, y un millón 500,000 votos para sus candidatos al Legislativo. La diferencia es de un millón, y se calcula que no todos los votos fueron hacia la papeleta de Calderón, sino que se dividieron entre éste y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Calderón pagó con creces el supuesto apoyo otorgándole a Gordillo carteras estratégicas con cuantioso dinero público, como las direcciones de la Lotería Nacional y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como la Subsecretaría de Educación Pública. Analizando esto en retrospectiva se entiende por qué los priistas celebraron la ruptura.

¿Esteremos entonces frente a una nueva etapa en la que el corporativismo dejará de ser una herramienta electoral y económica para los políticos a cambio de privilegios para los sindicatos? Tal y como está el escenario político-electoral en México es difícil de creerlo, porque los sindicatos han acumulado demasiado poder y éste es inversamente proporcional al que pierde el gobierno cuando recurre a ellos. Basta con entender la lógica de actuación sobre la cual se sustenta la existencia y permanencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por Gordillo. Para ello, resulta útil la distinción que hicieron Daron Acemoglu y James Robinson entre poderes de jure y poderes de facto. Los primeros son otorgados por la Constitución y las leyes, es decir, las instituciones formalmente establecidas. Pero dentro de los segundos entra en juego la informalidad, la corrupción y hasta la coerción que ejercen los organismos privados para obtener prebendas y beneficios particulares; ese poder lo ejercen los sindicatos, monopolios, oligopolios y el crimen organizado.

Una de las características de los poderes de facto es que carecen de presencia en los poderes formales. Sin embargo, el SNTE traspasó esas fronteras. Durante la década de 1990 el sindicato de Gordillo construyó y afianzó redes de complicidades que le permitieron tejer alianzas con políticos y, a su vez, obtener recursos tangibles e intangibles para sí mismo. Con la llegada del PAN al gobierno federal se rompió finalmente el aislamiento que dejaba fuera a este poder fáctico de los órganos de representación, dando las facilidades para que se creara el Panal, amparado por los recursos humanos y económicos que generan los maestros. Así, Gordillo aseguró, por un lado, su presencia en el Congreso para manifestarse en contra de cualquier modificación al status quo que le perjudicara y, por otro, un motín incalculable con el dinero de la Lotería Nacional, del ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El viraje del PRI al romper con el Panal, más allá de ir en la misma dirección de otros partidos políticos que supieron distanciarse de los sindicatos, parece traer consigo elementos del viejo corporativismo en los términos que señaló Philippe Schmitter; de tal manera que se estaría reconociendo la existencia de unidades organizadas jerárquicamente –como los sindicatos-, se aseguraría su apoyo político-electoral, y se mantendría la subordinación de esas unidades frente al poder central. La efectividad de dicha premisa vendría dada por el debilitamiento del SNTE y, además, estaría condicionada por el contexto actual, el cual dista mucho de la época de hegemonía priista.

Sea cual fuere el rumbo que se tome, ninguna de las dos vías planteadas conduce a resultados que favorezcan al grueso de la población. De ahí la necesidad de romper definitivamente la unión entre sindicalismo y política, pues al final, este romance trae consigo más costos que beneficios tanto en clave de desarrollo social como en términos políticos.

Find the mexican “Brownie”

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Cuando falta poco menos de un año para que termine el funesto sexenio de Felipe Calderón, me gustaría lanzar una convocatoria para elegir al “Brownie” mexicano. El término Brownie es total autoría de George W. Bush, pues de esta manera llamaba afectuosamente a su amigo y designado político Michael Brown. Pero el juego para encontrar al Brownie fue promovido por Paul Krugman, articulista del New York Times, quien, con astucia satírica, propuso encontrar al funcionario público de primer orden cuyas cualificaciones aparentes para desempeñar su cargo son la lealtad política –hacia el presidente- y los contactos personales, pasándose por alto la experiencia y conocimiento previos en la dependencia de la cual será responsable. Esto con motivo del catastrófico manejo de la crisis provocada por el huracán Katrina en 2005.

 

Los hechos

A finales de agosto de 2005 el huracán Katrina impactó las costas de Louisiana, Missisipi, Florida y Alabama en los EE.UU. Los daños más significativos y cuantiosos ocurrieron en Nueva Orleans tras la ruptura de uno de los diques que cubren la cuenca de esta ciudad ubicada por debajo del nivel del mar. Luego del paso de Katrina el fenómeno natural fue considerado como uno de los más destructivos y mortíferos en ese país, causando alrededor de 1800 muertes y daños materiales por más de 75 mil millones de dólares. Frente a la magnitud del desastre, quedaron al descubierto innumerables deficiencias en la administración de Bush, principalmente en lo referente a la prevención de catástrofes y a su posterior atención y reparación de daños.

Según información de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), los diques que mantenían a salvo Nueva Orleans estaban diseñados para soportar huracanes de nivel 3, por lo que existía  riesgo de rompimientos si azotaba a esta zona un huracán de categoría 4 ó 5. Asimismo, dentro del “Plan de prevención de Emergencias de Nueva Orleans”, estaba contemplado el peligro de inundación en caso de que los diques cedieran, sin embargo, las inversiones en la ciudad se destinaron a construir esclusas en los canales para facilitar el tráfico de las embarcaciones que transportan materiales industriales, y no en la mejora y mantenimiento de los diques.

Además de la falta de interés por reforzar los diques, el gobierno federal tampoco preparó ninguna estrategia de respuesta en caso de emergencia. Al menos así se entiende luego de que Max Mayfield, director del Centro Nacional de Huracanes, confirmara que alertó a Michael Brown (el Brownie de Bush y director de la FEMA) 32 horas antes de la llegada de Katrina a Nueva Orleans. Aun sin la advertencia de lo que parecía inminente, la FEMA tuvo tiempo suficiente de tomar las medidas oportunas, considerando que la ciudad se inundó a los cinco días de que el huracán comenzó su fatal recorrido por las costas estadounidenses.

Pero no sólo se desatendieron las medidas preventivas sino que, una vez ocurrida la catástrofe, la devastación fue mayor por la reacción –inacción- de los responsables de tomar las principales decisiones. El presidente Bush se encontraba de vacaciones en su rancho de Texas, las cuales sólo interrumpió dos días antes de lo previsto. Mientras que la excesiva cautela de Brown le llevó a negar la asistencia de comitivas de bomberos y rescatistas provenientes de distintas ciudades, por considerar a Nueva Orleans como un lugar “no seguro”, a rechazar una flotilla de 500 embarcaciones de pescadores y alrededor de otros 500 hidroaviones provenientes de la Asociación de Hidroaviones de Florida, y a prohibir la entrada de la Cruz Roja. A estos aspectos habrá que añadir la negativa de Bush para recibir ayuda humanitaria proveniente de otros países (dentro de éstos México).

Un aspecto relevante es que en ese barrio dos de cada tres personas eran pobres y el 98 por ciento de la población era afrodescendiente. Con tales condiciones, no extraña por qué innumerables analistas -dentro y fuera de EE.UU.- coincidieron en que el huracán Katrina puso en evidencia, además de la torpeza del gobierno federal, su desprecio e indiferencia por las personas de raza distinta a la sajona, así como por los pobres. Si para José Emilio Pacheco el “apartheid rigió en Nueva Orleans hasta los 60 del siglo XX”, con esto quedaba de manifiesto que en la administración de Bush había resurgido.

 

Find the Brownie, por Paul Krugman

En pleno desastre, según la cadena de televisión NBC, 75 por ciento de los estadounidenses y la mayoría de los damnificados responsabilizaron al presidente Bush de la tragedia. Entre los implicados más cercanos se encontraban también Michael Brown y Michael Chertoff –este último director del Departamento de Interior-.

El argumento de Paul Krugman en su artículo está sustentado en la falta de experiencia de Brown y su cercanía con el primer mandatario. Según la revista Time, en su edición del 8 de septiembre de 2005, Brown no contaba con experiencia suficiente para desempeñar el puesto directivo de la FEMA, sin embargo, en un intento por justificar su supuesto conocimiento en esa área, mostró información falsa dentro de su currículum profesional. De manera paralela, The Washington Post, el 9 de septiembre, dedicó una primera plana para dejar al descubierto que cinco de los ocho principales funcionarios de la FEMA carecían de experiencia y de capacidad de respuesta para actuar en situaciones de emergencia. La constante entre estas personas, además de su incompetencia, era su cercanía con el presidente Bush, pues algunos participaron activamente en su campaña electoral, mientras que el resto lo hizo con otros políticos republicanos.

En efecto, la administración Bush se distinguió por las excesivas designaciones políticas a incondicionales en puestos clave del gobierno. Luego de la publicación de la columna de Krugman comenzó a utilizarse la frase “find the Brownie” con la finalidad de “encontrar al designado político más incompetente o responsable de algún nuevo fracaso de la administración Bush”.

 

El juego: find the mexican Brownie

Consiste en encontrar al designado político incondicional del presidente Calderón con escasa o nula experiencia en la administración pública cuyas funciones hayan terminado en fracaso o tragedia. Sin ir más lejos, por citar sólo un ejemplo, un buen candidato es Juan Molinar Horcasitas, distinguido miembro del equipo de Calderón que ocupó la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y quien fue señalado como el principal responsable de la muerte de 49 niños y 104 más heridos por el incendio registrado en la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Si bien Molinar Horcasitas había dejado la dirección del IMSS tres meses antes, al ser designado Secretario de Comunicaciones y Transportes, se considera el principal responsable porque en 2007 firmó la mayoría de las renovaciones de los contratos con las guarderías subrogadas –alrededor de 1500-, dentro de las cuales se encontraba la ABC.

El juego en sí mismo no tiene otro propósito que poner de manifiesto el riesgo que supone la politización de la administración pública. Estamos a tiempo de advertirlo, puesto que los candidatos ya tienen a sus incondicionales apoyándolos en sus respectivos equipos de campaña.

La continuidad de “los daños colaterales”

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Desde hace más de dos años en distintos medios se ha venido señalando que la estrategia de militarización no ha reducido el número de muertes ni ha mermado la presencia y actividad de las organizaciones delictivas. Por el contrario, la presencia de las Fuerzas Armadas no ha hecho más que aumentar los abusos de autoridad. De esto da fe el informe Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” en México, elaborado por Human Rights Watch.

La investigación que presenta el informe se llevó a cabo en cinco estados de la república caracterizados por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. En estos estados se observó que miembros de las fuerzas de seguridad torturan sistemáticamente y realizan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Con respecto a las torturas, se registraron 170 casos, todos ellos con pruebas, cuyas tácticas incluyen asfixias, descargas eléctricas, golpizas, tortura sexual y amenazas de muerte. Desapariciones en las que participaron fuerzas de seguridad fueron 39 casos. Y hubo 24 ejecuciones extrajudiciales de civiles que murieron como resultado de torturas, en retenes militares o en enfrentamientos armados donde se usó injustificadamente de la fuerza. La conclusión del informe es contundente: la política de seguridad pública ha fracasado puesto que 1) no ha reducido la violencia y 2) ha incrementado las violaciones de derechos humanos. Aunque la investigación se centró en cinco estados, habrá que añadir que el problema está presente en todo el territorio nacional como lo ha venido señalando Amnistía Internacional.

El informe de Human Rights Watch me llevó a recordar, inevitablemente, la militarización que sufrió la Costa Grande y la sierra de Atoyac en el estado de Guerrero a principios de los setenta. En aquel entonces el enemigo de México al que había que perseguir era Lucio Cabañas quien, según el general Cuenca Díaz, no era más que un “forajido [y] bandido sin honor” al que había que perseguir y borrar del mapa pues representaba la mayor amenaza del gobierno de Luis Echeverría. Detenciones arbitrarias y secuestros que podían terminar en desapariciones cuyos cuerpos eran depositados en el mar o enterrados vivos, torturas y asesinatos de niños, mujeres y ancianos que supuestamente colaboraban con Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres fueron algunas de las barbaridades cometidas por el Ejército Mexicano que de manera rigurosa documentó Carlos Montemayor en su obra Guerra en el Paraíso. Y la cita a ésta resulta por demás elocuente: la historia reciente de nuestro país nos muestra que los crímenes cometidos por las autoridades –encargadas de mantener el orden- se repiten una y otra vez sin que los responsables sean llevados a juicio y condenados.

La propuesta de académicos e intelectuales mexicanos así como la recomendación de la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en realizar juicios civiles a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos. No cabe duda que lograr llevar a un tribunal civil a un miembro de las fuerzas armadas que mandó asesinar o torturar sería un gran logro, sin embargo, esto no garantizaría la justicia plena en un sistema como el mexicano que carece de independencia, donde los jueces son cómplices y el Ministerio Público se reúsa a investigar esos crímenes.

Dado el respaldo y la confianza del presidente Calderón a las Fuerzas Armadas, el objetivo de realizar los cambios institucionales necesarios para implementar los juicios civiles está lejos de ser alcanzado. Resta manifestarse y denunciar ante los organismos internacionales lo que está sucediendo y pedir, tanto a los militares como a los estrategas del combate a la delincuencia organizada, un mínimo de razón, conciencia y respeto a la vida para un México en pena que carece de rumbo y sufre momentos trágicos de desolación.

Los olvidados de nuestro siglo

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Una de las mejores producciones del cine mexicano que causó gran controversia por su excesivo realismo en una época en la que el cine contaba historias de lugares y personajes comunes fue, sin lugar a dudas, Los olvidados de Luis Buñuel (producida en 1950). Con este film Buñuel reflejó la inmundicia en la que vivía una parte de la sociedad mexicana de aquellos años; la desgracia de los más desfavorecidos por un sistema arbitrario, e impuesto por una minoría, que reduce la condición humana a su mínima expresión. Jóvenes relegados que carecen de oportunidades educativas y que se ven obligados a la explotación laboral o a caer en las arcas de la delincuencia. Hoy día los olvidados siguen ahí, cambian de rostro, tienen otros nombres, lo mismo pueden vivir en la ciudad como en el campo, en el centro como en la periferia, los olvidados no se han ido.

Pero los olvidados de hoy son aquellos padres, hermanos, viudas y huérfanos que claman justicia por el asesinato de uno de sus seres queridos. Gente que sale a las calles y exige a las autoridades una justicia digna pero sin sed de venganza, que pide la disminución de la violencia y propone formas alternativas de combate al crimen. Gente que no desea que otros atraviesen por la misma situación. Las víctimas de la violencia en México, hoy unos olvidados más, reclaman por las más de 50 mil muertes, 100 mil desapariciones y 125 mil desplazamientos forzosos.

Los olvidados son los miles de migrantes centro y sudamericanos que se ven obligados a cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano, y que en el camino son sujetos de extorsiones y abusos de autoridad cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –todas ellas, paradójicamente, instituciones encargadas de velar por su seguridad-. Por si fuera poco, los migrantes también son víctimas de secuestros, vejaciones y violaciones masivas provenientes de la delincuencia organizada. Tan solo en 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó, de abril a septiembre de 2010, 214 eventos en los que fueron secuestrados 11,333 migrantes.

Los olvidados siguen siendo los jóvenes. Más de siete millones que cargan y pagan las irresponsabilidades de quienes han guiado el rumbo del país a lo largo de décadas. Jóvenes con más desilusiones que expectativas para quienes no hay políticas públicas que los atiendan ni los protejan de caer en las adicciones o en la delincuencia, pero para quienes sí hay descalificaciones – tal es el apelativo ninis-como si de su culpa se tratara, como si se merecieran esa vida por habérsela buscado.

Los olvidados son los más pobres que, según cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010 rondó el 46,2% de la población que equivale a 52 millones de habitantes, de los cuales 3,7 millones viven en pobreza extrema. Otros indicadores del Coneval señalan que casi el 25% de la población (28 millones) presenta carencias en el acceso a la alimentación; el 60% (68 millones) a la seguridad social; el 32% (35 millones) a los servicios de salud; y el 20,6% (23 millones) tiene rezago educativo.

Muchas cosas han cambiado desde que se proyectó por primera vez la obra citada del realizador más trascendente del cine hispano. Sin embargo, bajo estas mismas condiciones los olvidados llegaron para quedarse sin distinción de raza, sexo o clase social. ¿Hasta cuándo seguiremos olvidando a quienes el gobierno niega, desconoce e ignora, y a quienes el sistema predominante excluye y aplasta? La respuesta es, por demás, incierta. Pero no se pueden seguir pasando por alto, pues en un futuro la responsabilidad será compartida.

La embestida de los aspirantes presidenciales

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Conforme se acerca la elección presidencial de 2012, se destapan los aspirantes y los partidos políticos comienzan a definir los mecanismos de selección de sus candidatos, comienza la lucha de descalificaciones provenientes de los “presidenciables” quienes no distinguen ni afiliaciones partidistas ni corrientes internas con tal de desacreditar y eliminar del camino a sus adversarios políticos. El más reciente episodio lo protagonizaron Ernesto Cordero y Humberto Moreira, pero, para desgracia de nuestra incipiente democracia, se vienen repitiendo desde que las elecciones federales son más competitivas y desde que los partidos y candidatos adoptaron estrategias de marketing en las campañas electorales.

La expresión más elocuente fue entre 2005 y 2006 tanto en elecciones internas, para elegir a los candidatos partidistas, como en las generales para la elección de Presidente de la República. Así lo hizo Roberto Madrazo en 2005, luego de renunciar a la presidencia del PRI y contender por la candidatura de su partido, al acertar duros golpes bajos a Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México y precandidato surgido del grupo llamado mediáticamente “Tucom” (Todos unidos contra Madrazo). La estrategia de Madrazo fue simple: destapar públicamente algunos de los bienes y depósitos bancarios inexplicables de los familiares más cercanos a Montiel.

Los enfrentamientos con todo tipo de apelativos, acusaciones y descalificaciones subieron de tono una vez arrancada la contienda presidencial de 2006, principalmente entre los dos candidatos punteros. Por un lado Felipe Calderón acusó a Andrés Manuel López Obrador de endeudar al DF durante su gestión como jefe de gobierno. Por otro, El PRD y AMLO respondieron denunciando al “cuñado incómodo” de Calderón por un presunto tráfico de influencias a favor de sus empresas, quedando así en duda su lema “manos limpias”.

Recientemente, luego de renunciar a su cargo como secretario de Hacienda y de anunciar su intención de ser candidato presidencial del PAN el año entrante, Cordero criticó al dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, por el incremento de la deuda durante su gubernatura en Coahuila (deuda pública que, cabe recordarlo, aumentó un 434%). A su vez, Moreira preguntó a Cordero en qué empleó la deuda de cinco millones de millones de pesos que tiene el país y cuánto cobró –o dejó de cobrar- de impuestos a los casinos.

¿Qué tienen en común estas y otras acusaciones de -y entre- los políticos?

1. Que en ninguna se entonó un mea culpa público, sino más bien la exculpación en detrimento de los adversarios. Montiel prefirió renunciar a su aspiración de ser el candidato del tricolor, antes de desmentir las acusaciones con pruebas y, en su caso, establecer responsabilidades legales contra Madrazo. Calderón no fue capaz de comprobar el origen de las empresas de su cuñado y se limitó a decir que no le correspondía hacerlo –aspecto razonable en términos jurídicos, más no éticos ni políticos-. AMLO tampoco justificó el incremento de la deuda ni comprobó la utilización de los recursos. Y Cordero nunca exigió a Moreira un manejo moderado de las finanzas estatales cuando el primero era secretario de Hacienda y el segundo era gobernador, ni Moreira arremetió contra Cordero durante ese tiempo para evitar entorpecer las negociaciones del Presupuesto de Egresos e Ingresos de la Federación.

2. Que toda esa información –so pena de su veracidad- salió a la luz pública única y exclusivamente en tiempos electorales y no como información de oficio, la cual deben presentar los servidores a manera de rendición de cuentas periódicamente y de forma transparente.

Por tanto, habrá que recordarles a los políticos y funcionarios que la información acerca de su gestión y del manejo de los recursos públicos que reciben no deben estar supeditados a los periodos en que buscan el voto con tal de mantenerse en el poder. Pues ésta es una condición sine qua non de la democracia. Con ello los partidos políticos se ahorrarían tiempo y dinero –no apoyando a quienes tienen antecedentes que podrían afectar su imagen- y los ciudadanos dispondrían de mayor información para formularse un criterio más amplio -basado en la experiencia y la trayectoria- a partir del cual definir su preferencia política.

Impunidad de los Políticos

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El reprobable y lamentable atentado en contra de civiles ocurrido en el Casino Royale el pasado 25 de agosto podría mostrar, una vez más, que en México impera la impunidad para quienes ostentan el poder político o están vinculados a éste. La difusión de un video por el periódico Reforma en el que aparece el hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazabal, recibiendo una cantidad estimada en 400 mil pesos en el interior de un casino en esta ciudad podrían sumarse a la lista de evidencias que deben ser investigadas para dictar responsabilidades, pero cuyos culpables no llegan a ser enjuiciados o, de serlo, son exonerados. Los casos son elocuentes.

Febrero de 2004. Jorge Emilio González Martínez, quien fungía como senador además de ser presidente del PVEM, fue denunciado por negociar con supuestos empresarios un proyecto turístico en Benito Juárez -municipio gobernado en aquel momento por el PVEM-, en Quintana Roo. En el video, el Niño Verde acuerda otorgar al supuesto empresario los permisos de construcción de una reserva ecológica, recibiendo a cambio de tal favor dos millones de dólares. González Martínez compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de indiciado para negar las acusaciones por supuestos actos de corrupción y desvío de recursos de su partido. En su defensa, argumentó que fue víctima del gobierno de Vicente Fox y de su secretario de Gobernación, Santiago Creel. El caso finalmente fue archivado en la PGR, al igual que la posibilidad de abrir una Comisión de Investigación en la Cámara de Diputados. Actualmente González Martínez continúa como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM.

Marzo de 2004. René Bejarano, diputado local perredista en su momento, fue expuesto en un video en el programa El Mañanero -conducido por Brozo- recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Acusado de tres delitos por la difusión del video (promoción de conductas ilícitas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delito electoral), Bejarano fue desaforado y llevado a juicio. La semana de su desafuero no dejó pasar la oportunidad y se dirigió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, para declararse inocente de los delitos que se le imputaban, argumentando que lo suyo fue un acto “indebido mas no “delictivo”. Además, alertó de los peligros de la “telecracia” y arremetió contra Brozo y los propios diputados quienes -según él y al igual que él- se habían llenado las bolsas de dinero para financiar sus campañas. El 5 de julio de 2005 Bejarano fue absuelto de dos de los delitos (lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas) por la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio, titular del quinto tribunal unitario. De la acusación de delito electoral fue absuelto en septiembre de 2006 y ratificado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en marzo de 2007. Recientemente Bejarano se reincorporó a la política partidista aprovechando que su esposa, Dolores Padierna, se postuló como secretaria general del PRD.

Los casos anteriores afloran tres aspectos alarmantes que no deben pasar desapercibidos. Primero, las instituciones encargadas de investigar y reunir evidencia incriminatoria así como las de impartición de justicia aún se encuentran bajo injerencia de la política. A diferencia de otros referentes tanto latinoamericanos como europeos, en México la justicia continúa politizada, por lo que los actores de este sistema no fijan responsabilidades jurídico-penales a los políticos –o a sus allegados y operadores- que incurren en delitos claros de corrupción. Segundo, los políticos que llegan a ser grabados en audio o video carecen de ética moral y profesional. Desde que se registraron las primeras grabaciones ningún servidor ha reconocido su responsabilidad, pero sí han encontrado culpables pues se dicen ser víctimas de quienes buscan dañar su imagen o la de sus colaboradores (basta recordar la frase célebre del Niño Verde: “me chamaquearon”). Tercero, la sociedad civil ha sido tolerante y consecuente con dichas prácticas. De otra manera no se puede explicar cómo personajes “incómodos” como González Martínez y Bejarano –a los que se podrían sumar los hermanos Larrazabal- permanecen activos sin que sus comportamientos ilícitos hayan sido castigados políticamente.

En una era digitalizada y de gran alcance mediático, es necesario tomar consciencia acerca de la magnitud del problema –para no reproducir esos patrones de conducta informal e ilícita desde el nivel más bajo donde comienzan las mordidas-. Es preciso fijar castigos electorales a los políticos corruptos –no eligiéndolos- y exigir a los operadores del sistema de justicia que dicten responsabilidades apegadas a derecho -independientemente de los intereses en juego y del poder económico o político de los sujetos a juicio-. De lo contrario estaremos condenados, como hasta ahora, a ser meros espectadores de los videoescándalos.